No basta que sean los propios familiares quienes se impliquen en este problema de estas personas no aceptadas plenamente por la sociedad y tienen que ser el propio Ayuntamiento, la Diputación, la propia Generalitat entre otros, quienes les otorguen los medios necesarios para su bienestar. No todo ha de salir de rastrillos y colaboraciones altruistas. Las autoridades tienen el deber y el derecho de implicarse más de lo poco que aportan.-
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